He trabajado durante años de la mano con administradores de edificios, conserjes, mayordomos y comités de administración. Los he visto levantarse temprano, trabajar fines de semana, lidiar con fugas de agua, ascensores que no funcionan y discusiones vecinales. Pero hoy, más que nunca, los veo enfrentando algo mucho más complejo y peligroso: la violencia.
En el último tiempo hemos sido testigos de un incremento alarmante de hechos violentos en comunidades residenciales. No lo digo solo desde la observación diaria, sino también por las noticias que se han hecho públicas. Hace algunas semanas, un conserje fue brutalmente agredido por un residente en Ñuñoa, al parecer por un conflicto personal relacionado con un affaire entre vecinos. Más allá de lo anecdótico, el fondo de la situación es gravísimo: la violencia se está normalizando dentro de espacios que, en teoría, debieran ser nuestro refugio, nuestro hogar.
Y es que, querámoslo o no, nuestras comunidades son el espejo de la sociedad. Si afuera hay frustración, intolerancia, falta de diálogo y agresividad, esas emociones inevitablemente se cuelan por la puerta del edificio y se instalan en la asamblea, en el pasillo, en la portería. El problema es que, a diferencia de otros espacios públicos, las comunidades no cuentan con herramientas suficientes para enfrentar estos episodios. La Ley de Copropiedad actual no entrega facultades claras para actuar frente a agresiones, amenazas o comportamientos reiterados que perturben la buena convivencia.
¿Qué puede hacer un administrador frente a un residente violento? ¿Qué rol le cabe al comité? ¿Tiene el conserje alguna protección real? ¿Sabe un propietario cómo actuar si presencia una situación de maltrato hacia el personal del edificio o hacia otro vecino? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, las respuestas son ambiguas. La ley queda corta, y el vacío lo termina llenando el miedo o la resignación.
Desde Kastor, trabajamos cada día con quienes están en la primera línea de las comunidades. Vemos su cansancio, su preocupación, su impotencia. Y también su compromiso, porque a pesar de todo, siguen ahí, cumpliendo un rol vital. Por eso, creemos que es urgente abrir esta conversación a nivel nacional. Esto no es solo un problema de “edificios conflictivos”, sino una señal de alerta sobre cómo nos estamos relacionando como sociedad.
El Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria habilita a cada comunidad a definir y sancionar comportamientos inadecuados, lo que incluye agresiones físicas, verbales o situaciones de violencia entre vecinos o hacia el personal del edificio (como conserjes o mayordomos), siempre y cuando se regulen como parte de las normas de convivencia en su propio reglamento de copropiedad. Para ello, es fundamental que dichas normas incorporen sanciones claras y aplicables ante este tipo de conductas, estableciendo límites y protocolos de actuación.
Además, resulta clave que administradores, comités y personal estén capacitados para actuar adecuadamente frente a episodios de violencia, resguardar su integridad y proceder dentro del marco legal. De igual manera, los copropietarios deben conocer sus derechos, deberes y los límites de su actuar, no con el fin de fomentar la confrontación, sino de promover una convivencia sana y respetuosa, basada en reglas claras y mecanismos efectivos de resolución de conflictos.
La violencia no puede ser parte del día a día en nuestros hogares. Requiere prevención, educación y un marco legal que proteja a quienes velan por el bienestar de las comunidades. Como sociedad, nos debemos eso. Y como industria, es hora de que pongamos este tema sobre la mesa con la seriedad que merece.
